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Dic 03, 2025 Admin Más Industria 0
Canacintra y el CCE respaldan el acuerdo tripartito sobre el aumento al salario mínimo y la jornada de 40 horas, pero advierten riesgos para las mipymes y piden apoyos fiscales, certidumbre y una implementación gradual que proteja el empleo formal y la productividad.
La presidenta de Canacintra, María de Lourdes Medina, advirtió que el alza salarial y la jornada de 40 horas representan retos para las mipymes, que necesitarán apoyos fiscales y claridad regulatoria. (Fotografía: Vanguardia Industrial)
El CCE respaldó el incremento al salario mínimo, pero pidió condiciones que protejan el empleo formal y la competitividad del país. (Fotografía: CCE)
Canacintra destacó que la reducción de la jornada laboral será gradual hasta 2030, lo que permitirá a las empresas adaptarse sin afectar la productividad. (Fotografía: Vanguardia Industrial)
Empresarios alertaron que, sin incentivos y mayor certidumbre, algunas mipymes podrían caer en la informalidad ante los nuevos costos laborales. (Fotografía: Vanguardia Industrial) Verónica Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO, (03/12/2025).– El anuncio del incremento al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas ya es “un hecho consumado” para el sector industrial, afirmó María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) durante un encuentro con medios. Sin embargo, anticipa que los mayores desafíos recaerán sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La representante de los industriales explicó que el incremento del 13% al salario mínimo y del 5% para la franja norte fue una decisión correcta para evitar un impacto mayor en las industrias maquiladoras.
Para la franja norte, por supuesto que ese 5% fue un gran acierto (…) si se hubiera dado el 13%, el impacto hubiera sido brutal,afirmó.
Aun así, reconoció que las mipymes enfrentarán un escenario más complicado porque un incremento de 13% es importante. Y es que actualmente, la Canacintra agrupa a más de 50,000 mipymes de 14 sectores industriales.
“Creo que en general va a ser complicado, pero que lo vamos a cumplir como siempre el sector empresarial, sector industrial sobre todo”, dijo.
Aunque muchas empresas del sector industrial no pagan el salario mínimo, sino que siempre están por encima de este, ya que se trata de trabajos especializados, la presidenta de Canacintra subrayó que el incremento terminará afectando costos laborales, como el pago del IMSS, Infonavit y otras prestaciones. Además, impactará particularmente las futuras negociaciones contractuales con sindicatos.
La cámara solicitó que el gobierno impulse políticas complementarias, como los incentivos fiscales para mipymes, mayor claridad regulatoria, estrategias para combatir la informalidad, que hoy supera el 50% en varios estados.
Por ello, la Canacintra empezará a buscar alternativas y esquemas que alivien la carga para las empresas, y que eviten que haya más informalidad si las empresas no pueden con esta carga.
“Traía yo en la mira buscar alternativas que pudieran aportar y apostarle a que efectivamente se pudiera apoyar al industrial desde una trinchera más hacia el tema fiscal, porque también nos pega”, explicó María de Lourdes Medina.
Por su parte, el secretario nacional de la Cámara, Rafael Sebastián Nogueira, comentó que el logro histórico del incremento al salario mínimo en los últimos años ha sido a costa de las empresas, por lo que también el gobierno debe hacer su parte para facilitarles su operación.
El gobierno también tiene que hacer su parte para que disminuya la brecha en la desigualdad de los salarios. Y por parte del gobierno tiene que haber un esfuerzo importante porque si no, finalmente llegará el día, el año, donde las empresas digan ‘ya no puedo más’, y se brinquen a la informalidad o cierren o desaparezcan,advirtió.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Francisco Cervantes Díaz, respaldó el acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y destacó que el diálogo tripartito —gobierno, trabajadores y sector empresarial— ha sido clave para mejorar el poder adquisitivo sin perder estabilidad laboral.
Cervantes señaló que los incrementos deben ir acompañados de condiciones que protejan la creación de empleo formal y la competitividad: “El arreglo al que tenemos que llegar en el corto y mediano plazo debería hacer factible la generación de empleos formales y productivos de 2026 en adelante”, expresó.
Jornada laboral de 40 horas: implementación gradual hasta 2030
Canacintra también se pronunció sobre la jornada laboral de 40 horas, que se aplicará de manera escalonada. Este periodo de transición permitirá a las empresas reorganizar turnos y evaluar impactos en productividad.
“La jornada laboral no se va de manera directa… empieza en el 2027 de manera gradual hasta llegar al 2030”, explicó la presidenta de la Cámara.
Además, consideró que este a ajuste puede convertirse en un impulso económico, ya que el mayor tiempo libre se convierte en consumo y esto impulsa la actividad.
No obstante, pidió dialogar con todos los sectores para medir efectos reales y diseñar esquemas de apoyo que faciliten la adopción del nuevo marco laboral.
Francisco Cervantes del CCE consideró, por su parte, que la reducción de la jornada laboral deberá implementarse con “flexibilidad” y en función de la capacidad económica de cada sector, a fin de evitar efectos adversos en productividad o en la operación de las empresas.
En este contexto y pese al entorno retador, la lideresa de Canacintra confió en que 2026 abrirá oportunidades de recuperación industrial, siempre que exista coordinación en la implementación de los cambios laborales y fiscales.
“La industria siempre le apostará a México”, afirmó María de Lourdes Medina, aunque reiteró que es indispensable reducir la informalidad y asegurar condiciones que permitan a las empresas absorber las nuevas obligaciones laborales.
Canacintra y el CCE respaldan el acuerdo tripartito sobre el aumento al salario mínimo y la jornada de 40 horas, pero advierten riesgos para las mipymes y piden apoyos fiscales, certidumbre y una implementación gradual que proteja el empleo formal y la productividad.
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